Los demócratas guardan silencio sobre persecución de migrantes centroamericanos en frontera de EUA y México

por Genevieve Leigh
3 mayo 2018

Ante el trato sádico e ilegal de la Administración de Trump a los inmigrantes centroamericanos que buscan solicitar asilo en el cruce fronterizo entre Tijuana-San Ysidro y San Diego, el Partido Demócrata ha guardado silencio, exponiendo como un fraude cínico sus pretensiones de simpatía por la difícil situación de los trabajadores inmigrantes.

Por tercer día, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en dicho puesto de control fronterizo mantienen en el limbo a la gran mayoría de los 170 migrantes que participaron en una caravana desde Guatemala para buscar refugio de la violencia política y violencia pandillera en sus países de origen. En línea con los ataques racistas del presidente Donald Trump contra la caravana, retratándola como una amenaza de elementos criminales a la seguridad nacional de EUA, el CBP ha permitido que solo 14 de los refugiados crucen a EUA y comiencen el oneroso proceso de solicitud de asilo político.

Los demás, principalmente mujeres y niños, fueron dejados en la intemperie, obligados a acampar en el lado mexicano de la frontera. Esto se lo hacen a personas que han soportado una caminata de meses en un intento de escapar las terribles condiciones causadas por el imperialismo estadounidense, incluidas sus intervenciones imperialistas, su explotación y su apoyo a los regímenes de escuadrones de la muerte respaldados por la CIA. La demora deliberada en el procesamiento de los inmigrantes es una violación flagrante de las leyes y convenciones internacionales que garantizan el derecho al asilo político.

Los 14 inmigrantes a quienes se les ha permitido solicitar asilo están detenidos en un centro de detención conocido como "hielera", donde podrían permanecer durante días, o incluso una semana, mientras los agentes fronterizos los interrogan para determinar si tienen un "miedo creíble" hacia regresar a sus países de origen.

Bajo las órdenes del fiscal general Jeff Sessions, el Departamento de Justicia ha presentado cargos penales contra 11 inmigrantes, presuntamente parte de la caravana, los cuales supuestamente ingresaron ilegalmente a EUA. "Estados Unidos no se mantendrá al margen cuando nuestras leyes de inmigración son ignoradas y la seguridad de nuestra nación está en peligro", dijo Sessions en un comunicado.

El Departamento de Seguridad Nacional, el cual supervisa al CBP y a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ha anunciado una política de separar a los niños de sus padres cuando las familias son atrapadas cruzando la frontera con documentos.

Trump ha criticado repetidamente la política de "atrapar y liberar", un término peyorativo para permitir que los inmigrantes indocumentados permanezcan libres hasta que finalicen sus audiencias administrativas y la determinación de su estado, en lugar de encerrarlos durante semanas, meses o incluso años. A principios de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los inmigrantes en centros de detención no tienen derecho a una fianza.

El domingo, el vicepresidente Mike Pence hizo una visita provocativa a El Centro California, a solo 160 kilómetros al este de la escena que se desarrolla en Tijuana, donde recorrió un sitio de construcción para el muro fronterizo de Trump. Después de elogiar al CBP y al Departamento de Seguridad Nacional, Pence acusó a los organizadores de la caravana de persuadir a la gente a abandonar sus hogares para avanzar en una agenda de "fronteras abiertas".

El silencio del Partido Demócrata no sorprenderá a nadie que haya prestado atención a la política de inmigración durante la última década. La pequeña posibilidad de que estos migrantes reciban asilo no es una característica nueva implementada por la Administración de Trump, sino una política bipartidista con una larga historia. Más del 75 por ciento de los solicitantes de Honduras, Guatemala y El Salvador entre el 2011 y el 2016, bajo la Administración de Obama, fueron rechazados. Obama deportó a más inmigrantes que cualquier presidente anterior. Las políticas de la administración Trump son una continuación e intensificación de las de la Administración de Obama.

Para reducir el número de inmigrantes que llegan a EUA y eludir el derecho internacional con respecto a los solicitantes de asilo, el Gobierno de Obama supervisó un programa llamado "Frontera Sur", que requería que el Gobierno mexicano tomara medidas contra los migrantes centroamericanos antes de que pudieran llegar a la frontera de Estados Unidos.

Bajo el programa, México reubicó a cientos de agentes de inmigración en su frontera sur con Guatemala para llevar a cabo los dictados de Washington. Funcionarios mexicanos de inmigración establecieron puestos de control móviles y realizaron redadas regulares en trenes y casas de inmigrantes para evitar que los centroamericanos llegaran a Estados Unidos.

El gobierno de Obama apoyó esta campaña con capacitación, tecnología, inteligencia y financiación. Estados Unidos ha proporcionado a la policía y al ejército mexicanos aproximadamente $100 millones para detener y deportar a los centroamericanos.

Un año después del inicio del programa en julio del 2014, las aprehensiones del Gobierno mexicano aumentaron un 71 por ciento con respecto al año anterior. La represión ha llevado a la deportación de aproximadamente 950.000 centroamericanos, así como a la detención de muchos ciudadanos indígenas mexicanos que viven en estados sureños como Chiapas. Según un informe de las Naciones Unidas del 2015, el plan de detención y deportación a gran escala también ha producido un uso generalizado de la tortura.

Después de que la caravana partiera de Chiapas hace más de un mes, Trump presionó al gobierno mexicano para que "separara" a los migrantes, utilizando las herramientas implementadas en el programa "Frontera Sur" de Obama.

El Gobierno mexicano obedeció la orden de Trump y trabajó para intimidar al grupo. Trump se jactó de sus acciones en un tuit a principios de abril, diciendo, "La Caravana se deshizo en gran parte gracias a las fuertes leyes de inmigración de México y su disposición a usarlas para no causar una escena gigante en nuestra frontera". Poco después, agentes de inmigración mexicanos armados irrumpieron en un tren que transportaba a más de 500 de los 1.500 migrantes en la caravana original, los sacaron por la fuerza del tren y los dejaron ahí para que tuvieran que recorrer kilómetros a pie para llegar a la ciudad o pueblo más cercano.

Los demócratas son cómplices de las condiciones en Centroamérica que están impulsando a las personas desesperadas a convertirse en refugiados. Más del 80 por ciento de los migrantes que viajan en la caravana de este año son de Honduras. En el 2009, la Administración de Obama, con la supervisión directa de la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, respaldó un golpe militar en Honduras que derrocó al presidente electo Manuel Zelaya e inauguró un período de violencia represiva contra la clase trabajadora.

La represión incluye detenciones arbitrarias, golpizas, torturas y el asesinato de miembros de los medios de la oposición. Desde el derrocamiento, EUA se ha hecho el ciego a las elecciones fraudulentas llevadas a cabo bajo un estado de sitio, con tal de que se produzcan victorias para los candidatos favorables para Estados Unidos. El Gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo bilateral con el Gobierno hondureño en el 2010 para reanudar el flujo directo de ayuda militar estadounidense a las fuerzas armadas y la policía hondureña. Las pandillas organizadas en el país son bien conocidas por extorsionar a los hondureños para que paguen un "impuesto de guerra" arbitrario, y algunos que no pueden pagar son asesinados.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de mayo de 2018)