Al triplicarse los casos de COVID-19, las élites latinoamericanas avanzan la campaña de regreso al trabajo

27 junio 2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó el miércoles que la propagación más rápida del COVID-19 está teniendo lugar en América, llegando a la mitad de los 9,1 millones de casos confirmados globalmente, a pesar de representar menos del 13 por ciento de la población mundial.

En una rueda de prensa, la Dra. Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la oficina regional de la OMS, lamentó que se triplicaran los casos confirmados en un mes en América Latina y el Caribe, de 690.000 a 2,1 millones. Estados Unidos vio un aumento de 46 por ciento en este periodo a un total de 2,4 millones de casos, el más alto del mundo.

El mismo día, América Latina y el Caribe cruzó el sombrío hito de 100.000 muertes por coronavirus, duplicándose con creces en el último mes. El virus ha cobrado más de 485.000 vidas a nivel global.

Brasil ha reportado recientemente los mayores contagios y muertes diarios en el mundo. El miércoles, el país más grande de Latinoamérica registró 1.185 muertes y 42.725 casos, alcanzando los totales de 53.830 muertes y 1,19 millones de casos. La mayoría de países en la región está viendo aumentos en las muertes diarias, con los mayores saltos en Chile, Perú y México.

La Dra. Etienne añadió que por primera vez existe una “transmisión generalizada” del virus en Centroamérica, donde los casos aumentaron 28 por ciento en una semana a casi 60.000 y las muertes incrementaron 22 por ciento a 1.564. En el Caribe, los países vecinos de Haití y República Dominicana están viviendo los mayores brotes.

El aceleramiento de la pandemia en América está siendo impulsado por el levantamiento de restricciones a las actividades económicas. Esto tiene por objeto imponer un pronto regreso al trabajo y un aumento agresivo en la producción, cuya meta principal es atraer al capital global financiero, según éste registra el planeta en busca de ganancias para pagar los billones de dólares en rescates corporativos de los Gobiernos en Norteamérica y Europa.

Si bien el presidente fascistizante de Brasil, Jair Bolsonaro, ha expresado esta política más claramente, insistiendo en que el COVID-19 es una “gripecita”, todos los Gobiernos de la región están abandonando sistemáticamente sus medidas para contener el virus. Sus políticas en cambio han buscado defender los intereses de lucro y la riqueza de sus respectivas élites capitalistas en la región más desigual del mundo.

En México, que frecuentemente está reportando más de mil muertes diarias y máximos en casos nuevos —superando las 25.000 muertes y 200.000 casos totales— el presidente populista “de izquierda”, Andrés Manuel López Obrador está llamando a la población a “gozar del cielo, el sol y el aire fresco”.

Como resultado de estas políticas de guerra de clases, los casos aumentan más rápidamente en los barrios más pobres, cuyos residentes se enfrentan a hacinamiento, acceso limitado al agua potable, atención médica, comida, gas de cocina e instalaciones de saneamiento. Estas áreas también son más propensas al subregistro de casos e incluso muertes.

Un análisis de la revista Forbes, publicado el miércoles, descubrió que en la zona metropolitana del Valle de México, el epicentro de la pandemia acelerada en México, “las áreas con peor afectación… son los distritos altamente poblados y de bajos ingresos como Iztapalapa, Ciudad Neza y Ecatepec”. Casi 8 de cada 10 pacientes que han muerto en la ciudad nunca fue conectado a un respirador.

En la capital de Buenos Aires en Argentina, donde el presidente Alberto Fernández decretó ayer el fin de las cuarentenas obligatorias para gran parte del país, más del 42 por ciento de los casos por COVID-19 y los mayores aumentos recientes se han reportado entre los 2 millones de personas que viven en las villas o barrios marginales.

Para la OPS y los expertos epidemiológicos, la preocupación central es que los trabajadores están siendo presionados a volver al trabajo eliminando cualquier asistencia económica para los despedidos y los cientos de millones que viven día a día en un “sector informal” decimado por la crisis.

En su advertencia más severa hasta ahora durante la pandemia, la Dra. Etienne señaló el miércoles: “No superaremos esta crisis sin atender las necesidades de los más vulnerables: aquellos más propensos a enfermarse y los que tienen menos probabilidades de recibir cuidados, como los pueblos indígenas, afrodescendientes, los pobres urbanos y las poblaciones migrantes. Si se abandonan, corremos el riesgo de que los próximos dos años se vean como los últimos pocos meses”.

La Dra. Etienne insistió en “la detección temprana de casos sospechosos, las pruebas en laboratorio, el rastreo de contactos y las cuarentenas como la base de una estrategia dirigida y sustentable para controlar el COVID-19” y señaló que “el riesgo de un resurgimiento se mantendrá siempre a menos que aplanemos la curva a nivel regional y global”.

Ayer, varios investigadores epidemiólogos de la Universidad de Santiago en Chile hicieron eco de las advertencias de la OPS al criticar las cuarentenas regionales en Chile. La Dra. Angélica Verdugo dijo que “el problema son las condiciones de desigualdad enorme para hacer estas cuarentenas… Si solo el 57 por ciento de los [dos quintiles] más pobres ha recibido ayuda en dinero o alimentos, significa que no están en condiciones de hacer una cuarentena, porque no tienen seguridad alimentaria.”

La Dra. Verdugo luego denunció las presiones económicas utilizadas para obligar a los trabajadores a regresar a lugares de trabajo no esenciales. “Y a quienes se les obliga a ir a trabajar es a la gente más pobre, a la gente de escasos recursos”.

Las directrices de los expertos de salud, no obstante, están cayendo en oídos sordos.

A nivel regional, los cierres iniciales, que ni siquiera se implementaron en varios países, están siendo reemplazados por mapas coloreados y “semáforos” con diversos niveles de restricciones. Mientras afirman basar sus decisiones en “reportes epidemiológicos” no divulgados, los oficiales gubernamentales están justificando las reaperturas sobre la base de proteger la “vida productiva” y el “desarrollo económico”, independientemente del creciente costo en vidas humanas.

Las condiciones sociales detrás de la catástrofe social en marcha en Latinoamérica son el producto de un siglo de saqueo neocolonial de los recursos y fuerza laboral de la región por parte del imperialismo estadounidense y europeo. Aun así, todas las fuerzas políticas establecidas en la región —desde el régimen fascistizante en Brasil y los Gobiernos derechos en Colombia, Chile y Bolivia hasta las autoridades nacionalistas “de izquierda” en Argentina, México y Venezuela— están dedicadas a subordinar más la vida social y económica al imperativo de competir por inversiones y mercados para sus productos.

Por este propósito, la clase gobernante busca capitalizar la crisis pandémica para acelerar su giro hacia la dictadura e intensificar los niveles de explotación. Sin embargo, las tensiones de clases que estallaron en forma de protestas masivas y olas huelguísticas el año pasado en la región, más significativamente en Chile, Ecuador y Bolivia, tan solo se han recrudecido. La respuesta oficial a la pandemia, encabezada por la campaña de “regreso al trabajo”, consecuentemente intensificará la lucha de clases.

Las señales iniciales de esta creciente oposición obrera incluyen las huelgas salvajes en las maquilas a lo largo de la frontera mexicana con EE.UU., las huelgas de transportistas en Perú y las protestas constantes de profesionales médicos en toda la región exigiendo equipos de protección adecuados.

En una declaración reciente, el Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI), explicó: “Todas las acciones requeridas para detener el virus —el cierre de la producción no esencial, cuarentenas, pruebas masivas y rastreo de contactos— se contraponen al afán de lucro de la clase gobernante. Garantizar la provisión de apoyo a todos los afectados por las medidas exige una reasignación masiva de recursos sociales”.

En otras palabras, la única fuerza social decidida y capaz de dar la batalla necesaria contra la pandemia es la clase obrera internacional y esta batalla solo se puede ganar como parte de una lucha contra el capitalismo y por la transformación de la economía global sobre bases socialistas. Esta lucha requiere la construcción de secciones del CICI en cada país de América Latina y el mundo.

(Publicado originalmente en inglés el 26 de junio de 2020)

Andrea Lobo