Exdirector de prisiones de EE. UU. testifica que Assange será tratado como un "terrorista": la "guerra contra el terrorismo" vuelve a casa

por Thomas Scripps y Laura Tiernan
5 octubre 2020

Julian Assange será detenido en ADX Colorado bajo las mismas Medidas Administrativas Especiales utilizadas contra "terroristas", dijo una ex directora de prisión de Estados Unidos en la última semana de las audiencias de extradición en Estados Unidos contra Julian Assange celebradas en Old Bailey.

Maureen Baird, quien trabajó para la Oficina Federal de Prisiones durante 27 años, detalló las condiciones de pesadilla que Assange enfrentará si es extraditado y condenado bajo la Ley de Espionaje por periodismo que expuso crímenes de guerra estadounidenses en Irak y Afganistán.

Baird habló por experiencia de primera mano. Fue directora en la Institución Correccional Federal de Danbury (2009-14), directora en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York (2014-16) y directora en la Unidad de Gestión de Comunicaciones en Marion, Illinois, hasta su jubilación.

El testimonio de Baird dejó en claro que Assange es ahora víctima de las muy antidemocráticas medidas de tortura y entrega respaldadas por la CIA, que valientemente expuso como fundador, editor y periodista de WikiLeaks

La Policía Militar del Ejército de EE.UU. escolta a un detenido a su celda en la Base Naval de Guantánamo. (Crédito: Shane T. McCoy/Servicio de Alguaciles de los EE.UU.)

Era "muy probable" que Assange estuviera sujeto a Medidas Administrativas Especiales (SAM) debido a los cargos relacionados con la seguridad nacional en su contra, dijo Baird a Edward Fitzgerald QC para la defensa. Además, el fiscal federal adjunto Gordon Kromberg ya había declarado públicamente que los SAM eran una opción, una medida sin precedentes que, según Baird, hacía que los SAM fueran "probables".

En el MCC de Nueva York, Baird supervisó a los detenidos de SAM en la unidad de vivienda "10-South", un área de total aislamiento. Los detenidos pasaban "23-24 horas al día" solos en sus celdas y no se les permitía comunicarse con otros reclusos.

El contacto con el mundo exterior estaba severamente restringido. "Se les permitió una llamada telefónica de media hora al mes a un miembro aprobado de la familia, o dos llamadas telefónicas de 15 minutos al mes". Estos eran "siempre supervisados por un agente del FBI", y las llamadas debían solicitarse con dos semanas de antelación, "para disponer que un agente estuviera disponible".

Ella describió la sádica “recreación” que se les ofreció a los detenidos de SAM: “Tuvieron la oportunidad de salir de su propia celda y entrar en otra celda interior… No había ningún equipo de ejercicio en esa habitación. Era solo una celda vacía".

Al rechazar las afirmaciones del fiscal adjunto de los EE. UU. Gordon Kromberg de que los "derechos de la Primera Enmienda" de Assange, incluido el acceso al "correo de flujo libre", estarían protegidos, Baird dijo: "Todo el correo que entra o sale, a cualquier preso asignado por SAM, es examinado antes de que llegue al destinatario. A veces puede llevar un par de meses, tal vez más, recibir un correo ... ya sea que salga o entre".

Baird describió los orígenes de la unidad 10-Sur: “Fue diseñado después del 11 de septiembre y originalmente fue diseñado para los presos que estaban en la Bahía de Guantánamo ... evolucionó hasta convertirse en una unidad de Medidas Administrativas Especiales, pero también tenía muchos presuntos terroristas en esa unidad."

Assange sería enviado después del juicio a ADX Florence en Colorado, testificó Baird, coincidiendo con su exdirector Robert Wood en que la prisión "no está construida para la humanidad".

La única alternativa era el encarcelamiento en un Centro Médico Federal, pero “tienes que estar casi muriendo” para ser admitido.

Assange sería tratado "exactamente de la misma manera" que un terrorista, dijo Baird, con los presos de SAM enfrentando las mismas condiciones opresivas independientemente de si fueron detenidos en MCC en Nueva York, ADX Colorado o en el Centro de Detención de Alexandria en Virginia. "Si alguien está en prisión preventiva [detención] por terrorismo, y alguien se enfrenta a un tipo diferente de [delito] de seguridad nacional, todos serían sometidos a las mismas medidas".

Las disposiciones de SAM no se pueden modificar o relajar de ninguna manera, “SAM no es discrecional. No puede ser cambiado por un alcaide ni por nadie en la Oficina de Prisiones. SAM es más una directiva ... no hay zona gris".

Baird rechazó las afirmaciones de Kromberg de que los detenidos pueden apelar a las autoridades penitenciarias para que se levanten los SAM: "El administrador del caso y el administrador de la unidad no tienen autoridad para hacer ningún cambio ... está muy por encima de su escala salarial".

Estuvo de acuerdo con el testimonio del abogado defensor estadounidense Joel Sickler de que “el Sr. Assange podría pasar el resto de su vida en esta unidad de vivienda muy restrictiva [Unidad H], donde se vería privado de algunas necesidades humanas muy básicas". Esto incluiría no tener contacto físico con familiares o amigos. Los reclusos experimentaron depresión, ansiedad, paranoia y episodios psicóticos y el riesgo de suicidio fue alto.

Durante un interrogatorio de una hora y media, la abogada Clair Dobbin del gobierno de EE. UU. cuestionó crudamente el testimonio de Baird sobre los detenidos de SAM, citando afirmaciones de los fiscales de EE. UU. de que los presos pueden apelar por enmiendas a sus órdenes de detención, incluso a través de un “cuatro paso” Programa de Remedio Administrativo. Esto supuestamente daría lugar a que los presos pudieran tener contacto con otros presos y su inclusión en “terapia de grupo” y otros programas.

Baird explicó que tales apelaciones podrían existir "en papel" pero nunca tuvieron éxito. Ella le dijo a Fitzgerald bajo un nuevo examen que la decisión de imponer o eliminar SAM recaía únicamente en el fiscal general William Barr "en consulta con las agencias de inteligencia", es decir, la CIA.

Por la tarde, la testigo de la defensa Lindsay Lewis agregó más evidencia para apoyar los puntos de Baird. Lewis era el abogado de Abu Hamza en los Estados Unidos y testificó sobre las condiciones que enfrentó bajo SAM y en ADX Florence, donde está cumpliendo cadena perpetua por cargos relacionados con el terrorismo.

Explicó que su cliente, que tiene ambos brazos parcialmente amputados, había sido extraditado por tribunales del Reino Unido y Europa después de que los fiscales estadounidenses indicaran que recibiría una evaluación médica para decidir su lugar de detención, que se suponía que excluía al ADX: “engañaron a la Corte". Hamza está ahora en gran parte "abandonado por su cuenta", habiendo recibido visitas diarias de enfermería mientras estuvo detenido en el Reino Unido.

En opinión de Lewis, Assange sería "casi seguro" colocado bajo SAM en el ADX por motivos de seguridad nacional.

En estas condiciones, según su experiencia, él puede esperar un "confinamiento solitario", una "escasez extrema de atención médica" y limitaciones "extremas" en el contacto con el mundo exterior. Los SAM, dijo, "destruyen las relaciones entre familias". Hasta donde ella sabe, dijo al tribunal, "no hay un solo estudio público sobre el confinamiento solitario [en este entorno] en el que el confinamiento no voluntario que dura más de diez días no haya tenido efectos psicológicos negativos".

En el contrainterrogatorio, Lewis expuso como una flagrante distorsión el argumento de la fiscalía de que se permitió que el terrorista condenado Wadih el-Hage fuera colocado con otro prisionero, lo que supuestamente demuestra que las restricciones de SAM eran modificables. Explicó que El-Hage pasó quince meses en régimen de aislamiento antes del juicio, se le permitió dormir en una litera con otro preso durante unos meses antes de su juicio en 2001 y ha estado recluido en régimen de aislamiento desde su condena.

Al propio cliente de Lewis, Hamza, se le volvieron a imponer sus SAM durante un año en una ocasión porque pidió que le transmitieran su amor a su nieto de un año en una carta a un contacto aprobado; la prisión dijo que esto violaba la prohibición de comunicarse con personas no autorizadas. En un comentario característicamente obsceno y cruel, Dobbin preguntó en respuesta si el testigo era consciente de que "varios miembros de la familia del Sr. Hamza han estado implicados en delitos bastante graves".

Al cierre del proceso, Baraitser aceptó una solicitud de defensa para preservar el anonimato de dos de sus testigos. Ambos testigos trabajaron para UC Global —la firma de vigilancia española que proporcionó seguridad a la embajada ecuatoriana en Londres donde Assange solicitó asilo durante siete años— y darán pruebas de que el propietario de la empresa, David Morales, envió grabaciones de las conversaciones privadas de Assange a la inteligencia estadounidense. agencias y consideró planes para secuestrarlo o envenenarlo.

Los testigos también están testificando de forma anónima en un caso español relacionado y en curso contra UC Global. Han buscado el anonimato por temor a represalias por parte de Morales —que tiene conexiones con el ejército y se descubrió que poseía un arma de fuego cargada y anónima en su casa— o de sus asociados estadounidenses.

La fiscalía indicó que aceptarían que el testimonio global de la UC se interprete como prueba sin impugnación, sobre la base de que consideran el testimonio "totalmente irrelevante". El abogado del gobierno de los Estados Unidos, James Lewis QC, afirmó, en un lenguaje que apesta a la CIA, que había un "muro chino entre la fiscalía y cualquier otra agencia que pudiera haber entrado, sin confirmar o negar si tienen o no información de inteligencia u otro material ".

La audiencia continúa hoy.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de septiembre de 2020)

 

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